España es uno de los países en el que las empresas encuentran más dificultades para abrir un negocio. La última clasificación del Banco Mundial la sitúa en el puesto 133 de 183 países, muy por debajo de las naciones desarrolladas. Y uno de los trámites que más se retrasa es la licencia de actividad, que puede demorarse entre 6 y 18 meses. Con el fin de eliminar esa traba, el Ejecutivo ultima un anteproyecto de ley para eliminar las licencias de actividad del pequeño comercio, que podría terminar su tramitación parlamentaria a principios de junio, según confirmó el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en un encuentro informativo.

Esta norma solo afectará a las pymes, consideradas como empresas de menos de 250 trabajadores y menos de 50 millones de facturación, que se instalen en locales cuya superficie no supere los 300 metros cuadrados. Pero no todos los sectores están incluidos: de la norma quedará al margen, por ejemplo, la hostelería, ya que esta actividad no está incluida en la categoría de comercio en la contabilidad nacional, sino en la de turismo. A las que sí afectará serán, entre otras, a las empresas de distribución alimentaria, droguerías, lavanderías o a las franquicias, siempre y cuando la titularidad de la empresa esté en manos de una pyme.

De este modo, las compañías podrán abrir sus negocios sin necesidad de licencia. Tan solo deberán contar con un informe técnico previo, avalado por un profesional certificado por el Ejecutivo (podrían ser ingenieros industriales o arquitectos), en el que el comerciante asuma con su consentimiento firmado los requisitos que se le podrán exigir en una inspección posterior. Al mismo tiempo tendrá que liquidar las tasas municipales. "Con esta medida se calma las preocupaciones de algunos ayuntamientos que veían que podían mermar sus ingresos", apuntó. El secretario de Estado no quiso valorar las empresas y el empleo que se generarán. "Lo que sí creemos es que puede ser un sector refugio para todos aquellos que están parados y se pueden reciclar en el autoempleo", remarcó.

A esta norma le acompañará una línea de financiación del ICO, que cubrirá las necesidades de inversión y circulante del comercio minorista. La directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, apuntó que la línea se está diseñando con la participación de las autonomías para evitar algunos de los problemas de anteriores programas de financiación. "No se hacía uso de los fondos porque el mínimo de la inversión no se adecuaba al tamaño de las empresas y porque las garantías que se exigían no podían ser cubiertas", apuntó. Cárdeno sugirió que se va a contar con el apoyo de las sociedades de garantía recíproca (SGR) autonómicas para que avalen a las empresas. De este modo tendrían que contar con el aval de la SGR para solicitar el crédito y así facilitar el acceso a los fondos.